El pasado 24 de agostó se realizó un acto para recordar el atentado contra la Asociación Mutual Argentina, AMIA, que hace 15 años causó 85 muertes en lo que se considera el mayor ataque con carro bomba en la historia Argentina y la peor agresión en contra de la comunidad judía después del holocausto.
Lejos de hacerse justicia, los implicados siguen libres. Si bien, la versión oficial argentina sostiene que el atentado fue planeado por el gobierno iraní y perpetrado por el Jezbolá, no se ha logrado la extradición de las personas involucradas en el caso. Es más, la semana pasada el presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, designó a Ahmad Vahidi como ministro de Defensa, desconociendo el pedido de captura internacional emitido por la Interpol por su supuesta participación en el ataque contra la AMIA.
La designación fue rechazada por el gobierno de Cristina Fernández, quien le exigió a Irán que coopere “de manera plena con la justicia argentina”, mientras que el presidente de la Asociación de Familiares y Víctimas del atentado, Sergio Burstein, aseguró que la designación demuestra que Irán no tiene intención alguna de extraditar a las personas que solicita Argentina y por eso pidió una condena para ese país en la próxima Asamblea de Naciones Unidas.
Otro escándalo estalló hace dos semanas, cuando el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, anunció el nombramiento de Jorge Palacios como jefe de la policía de la Capital. Palacios es acusado de obstrucción a la investigación en su calidad de comisario de la Policía Federal cuando ocurrió el atentado. No obstante, tras dos meses de intensos cuestionamientos, Palacios argumentó razones personales y renunció al cargo.
El broche de oro en esta historia corre por cuenta del ciudadano colombiano Samuel Salman, de 43 años, quien residió en Argentina desde 1987 hasta una semana después del ataque. Salman es acusado de coordinar la llegada, estadía y fuga del grupo terrorista, así como de proveer la información requerida para coordinar el atentado.
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